Participación política juvenil en los noventa, un ciudadano en transición

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Trabajo publicado el 03 de octubre de 2006

 

Resumen

 

¿Por qué los jóvenes no se inscriben en los registros electorales?, ¿por qué no quieren votar? El presente artículo pretende dar una respuesta a estas interrogantes a partir de la revisión del concepto de ciudadanía en Chile, de la inclusión del país en la era de la  Modernidad  y de los procesos de transición política vividos en la década de los noventa. Pone en juego aspectos fundamentales sobre  socialización y participación política de los jóvenes en la búsqueda de una re-lectura de los datos aportados por investigaciones sobre participación política juvenil en Chile.

Introducción

La democracia, como forma de organización de los Estados, va unida de manera obligada a la idea de participación política como expresión de sus planteamientos fundamentales. Los primeros estudios que la psicología política desarrolló sobre este tema, hace ya más de treinta años,  se centraron en las problemáticas referidas a la "actividad de voto" y cómo el sujeto dispone este recurso para incidir en el mundo político (Seoane & Rodríguez, 1988).

En Chile, el desarrollo de la psicología política tiene sus orígenes a partir de la década de los setenta, principalmente como consecuencia de los acontecimientos político-sociales acaecidos en 1973 y su posteridad. Son los profesionales de la salud mental quienes se ven enfrentados a intervenir en el tratamiento terapéutico y evaluación psicosocial de la población, como resultado de los vestigios de la represión, la tortura, la desaparición y el exilio de los ciudadanos efectuados por el régimen dictatorial. Ya en la década de los noventa, las temáticas de investigación se ven orientadas hacia los Derechos Humanos y, en especial, hacia el problema de la reparación, a la vez que se presentaba una escasa intervención de esta rama de la psicología en otras temáticas como: la conducta electoral, la opinión pública, la conducta de masas, la cultura de la política chilena, etcétera (Guzmán L., 1997).

La década de los noventa en Chile estuvo marcada por un proceso de transición política desde un régimen dictatorial de gobierno a uno democrático. Como consecuencia de esto se restituye el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes gubernamentales, así como también, el derecho de poder pensar y actuar de forma libre de acuerdo con las leyes establecidas en la constitución política, es decir, se restablece el Estado democrático y con él,  los deberes y derechos ciudadanos.

A partir de estos hechos, en Chile comienza a ser notorio el escaso interés de los jóvenes por participar en la política convencional; pocos jóvenes se inscriben en los registros electorales y a medida en que se desarrolla la transición política y se consagra la democracia, surge la inquietud cada vez más notoria del por qué los jóvenes no se inscriben, por qué no quieren votar.
 
La intención de este artículo es ser un aporte significativo a la hora de comprender la conducta electoral de los jóvenes, planteando algunas perspectivas de análisis que permitan observar y reflexionar sobre el fenómeno de la ausencia de inscripción de los jóvenes en los registros electorales durante la década de los noventa y sus formas de participación política, para luego, a partir de una sistematización de investigaciones realizadas en Chile a propósito de este tema, discutir y re-elaborar los resultados que dichas investigaciones concluyeron en su oportunidad.
   
Para  llevar a cabo este propósito, se presentará una descripción de época que incluirá aspectos relevantes sobre la Modernidad, la Post-Modernidad y el desarrollo de la  ciudadanía en Chile, además de algunos elementos teóricos sobre socialización política, juventud y participación política, que faciliten la identificación de variables significativas que emerjan de la sistematización de investigaciones.

 

El desarrollo de la ciudadanía en chile & algunos aspectos relevantes sobre la (¿post?) Modernidad

 
El desarrollo de la ciudadanía en Chile es tan nuevo como su historia. Es recién a comienzos del siglo XX cuando se hace más extensiva, en principio con el llamado Estado de compromiso que, en términos generales, promueve el desarrollo de la seguridad y de las políticas sociales. A comienzos de la década de los sesenta se  busca integrar a los sectores más postergados, como los pobladores y los campesinos, en las cuestiones referentes a la toma de decisiones ciudadanas. Pero, producto de una serie de restricciones, tanto económicas como políticas, el criterio universalista de ciudadanía se va instalando de forma más lenta y gradual. Recién a comienzos de los años setenta se amplían los derechos políticos hacia la mujer (Arrau & Avendaño, 2002).
 
Esta tendencia es quebrada  de forma abrupta debido a las restricciones políticas y constitucionales que se imponen desde 1973; se pierden una cantidad de privilegios que las clases más desfavorecidas recién comenzaban a adquirir en tanto ciudadanos con opinión y con derechos. Estos son arrebatados en función del establecimiento de un orden social, impuesto y represivo, en virtud de la crisis económica por la cual atravesaba  Chile en los años setenta, a favor de recuperar esa estabilidad económica perdida. Aquí ingresa un elemento que atiende a la estructura de clases, como parte del proceso de traspaso de una sociedad tradicional hacia una sociedad moderna. "En las crisis sociales desatadas por crisis económicas, estos últimos [las clases dominantes, ciudadanos particulares que concentran el poder económico] recuperan, sin duda, como lo muestran los frentes políticos del movimiento obrero europeo, la figura identificable de un enemigo político" (Habermas, 1975, p. 55). Lo que se podría identificar, en Chile, como un proceso de desencuentro y polarización política en el que los obreros pasan a ser comunistas y los empresarios (representados por la milicia), pasan a ser imperialistas.

 Morales & Dolores (1992), señalan que:

"El régimen Militar buscó re-fundar la sociedad chilena bajo la bandera de la Modernidad. Para ello, aplicó la liberación de la economía, la privatización de los servicios sociales, la regulación del empleo de acuerdo con el mercado, y una drástica reducción del Estado, asignándole un rol subsidiario respecto de los sectores más desposeídos, así como el resguardo de la seguridad nacional. La aplicación de estas políticas implicó un cambio global en el Estado chileno. De un Estado con gran poder y recursos económicos que intervenía en el desarrollo económico y social, se dio paso a un Estado que intervenía escasamente en él y que básicamente ejercía control social y represión política sobre sus ciudadanos". (p. 5)

En el contexto del proceso de transición hacia la democracia, la ciudadanía es considerada gravitante para la legitimación de la institucionalidad. Por tal motivo, cobra especial relevancia su dimensión participativa, la que se remite fundamentalmente a los canales institucionales más tradicionales ligados a la competencia electoral, los partidos y las organizaciones funcionales. De esta forma, la participación deliberante aparece sólo acotada y restringida a la lógica de la representación. Restringida, si pensamos que en una primera etapa de la transición, específicamente hasta 1992, el ejercicio electoral no contemplaba siquiera la elección de las propias autoridades comunales y, hasta el día de hoy, los representantes del gobierno regional.


Habermas (1975) señala que:

"Las instituciones y los procedimientos de la democracia formal han sido diseñados para que las decisiones del gobierno puedan adoptarse con suficiente independencia de motivos definidos de los ciudadanos. Esto se logra con un proceso de legitimación que provee motivos generalizados (una lealtad de masa difusa en su contenido), pero que evita la participación. El cambio estructural de lo que aparece como "público" (la 'publicidad' burguesa) crea, para las instituciones y procedimientos de la democracia formal, condiciones de aplicación por las cuales los ciudadanos, en medio de una sociedad que en sí es política, adquieren el status de ciudadanos pasivos con derecho a la aprobación y al rechazo en bloque de los hechos consumados". (pp. 53-54)

Se puede señalar que el "ajuste estructural" de los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura ha repercutido en un aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida y los canales de participación política, estableciendo como consecuencia según Arrau & Avendaño (2002) "la emergencia de un nuevo tipo de cuestionamiento (…) que emana de la propia población civil: el "voto castigo", la apatía hacia la participación electoral, la baja evaluación de los partidos políticos y otras instituciones del sistema político" (p. 69). La ciudadanía sigue siendo un conjunto de derechos y deberes que se ven  determinados por los niveles y las dinámicas que se establecen en la participación e integración en los distintos ámbitos de la interacción social, condición que la fortalece o debilita, según sean las circunstancias que se presentan en un contexto histórico determinado. Moulian T. (1997) señala al respecto:

"En el Chile actual la política se ve enfrentada a una doble restricción que la asfixia y que conspira contra ella. La primera restricción es la ausencia de espacio cultural para ideologías transformadoras, sometidas a la estigmatización de lo irracional  que han sido incapaces de sobrepasar. La segunda es la voluntad tecnificadora que emana del neoliberalismo hegemónico y que aleja lo político tanto de los representantes como del ciudadano común, a menos que se trate de asuntos de índole local donde no se ponen en discusión los fines esencial izados".  (p. 60)

Como proceso social, la Modernidad instaura la liberación de la economía (capitalismo-neoliberalismo) la regulación de los empleos, de la producción y del consumo de masas a partir de las leyes del mercado, a la vez que  promueve la secularización de la sociedad generando una atomización de los valores de los ciudadanos, es decir, el valor de la comunión social es reemplazado por la sobre-valorización de lo individual, lo autónomo, de la autorrealización y de la generación de competencia/s individual/es. La apertura de las fronteras económicas, producto del libre-mercado, abre las fronteras culturales de las sociedades capitalistas. Esto, inmerso en la era de la información, producto de la masificación de los medios de comunicación, genera un relativismo cultural, como resultado de la masificación y homogeneización de los modos de vivir que promueve el capitalismo (cultura de masa).
 
Para Sandoval (2002), la democracia es uno de los materiales constitutivos de la Modernidad como forma de organización política, lo que acompañado de la secularización social, de la autonomización de los individuos, plantea un desafío para las sociedades modernas, en tanto "la integración social descansa en la capacidad del sistema político para regular los conflictos de interés entre los actores sociales" (Tironi, E., 1990; citado en Sandoval, 2002, p. 37-38). Si el sistema político se encuentra en un proceso de cuestionamiento de su legitimidad (Habermas, 1975), pues por una parte se actúa en defensa de la institucionalidad política y a su vez  los partidos políticos no representan los intereses de la ciudadanía o de grupos específicos (Sandoval, 2002), los actores sociales apelan a las leyes del mercado para la resolución de sus demandas, entendiendo que "la política (...) como arte de lo posible se impone como medida de realismo político, en un contexto aceptado y compartido por todos: el modelo neoliberal." (Sandoval, 2002, p. 50).

Es necesario distinguir que los cambios culturales por los que ha atravesado Chile durante los últimos treinta años por efectos de la modernización (económica y social), caben dentro de un proceso donde se cruzan distintas visiones de la Modernidad y la Post-Modernidad, es decir, dependen, en el análisis de la realidad,  de una consideración de lo que es moderno o post-moderno. "Para J. Habermas, la Modernidad sería un "proyecto inacabado" y para otros (Baudrillard, Lyotard, Lipovestky) sería un "proyecto agotado" y, por consecuencia,  estaríamos viviendo la post-modernidad" (Sandoval, 2002, p.36).

Ya se ha establecido una aproximación a la Modernidad y ciertos aspectos que permitan su identificación. A esto se suma que la consigna esencial de la Modernidad es el progreso, el desarrollo de los individuos y las sociedades como un fin común y mundial. Lo que implica la masificación de los procesos de comunicación por medio del mercado, "que el consumo simbólico esté articulado a procesos formativos organizados para toda la población y que el uso del conocimiento y de la información vincule de un modo cada vez más central las distintas esferas separadas de la sociedad: la producción económica con la política y a ésta, como vehículo de hegemonías, con el mercado" (Brunner J.J., 1994, p. 138; citado en Sandoval 2002, p. 37).  

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