Peritaje forense en delitos de lesa humanidad

 

 

 

 

 

 

Otro hecho que es necesario considerar en el análisis de esta perspectiva es el relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se condena al gobierno de Colombia por la Masacre perpetrada en la población de Mapiripán, departamento del Meta (18) .En la sentencia, la Corte Interamericana estableció una serie de circunstancias agravantes, como el hecho de haber sido las víctimas privadas arbitrariamente de su libertad y sometidas a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, antes de ser ejecutadas (19)  (párr. 135); el temor a que fueron sometidas, seguido del desplazamiento forzado de los sobrevivientes (párrs. 141-142, 160 y 175); la vulneración de su integridad personal y su vida familiar, inclusive por no haber podido los sobrevivientes honrar sus muertos, y el hecho de que la mayoría de las víctimas se encuentren todavía desaparecidos (párr. 143); la presencia de niños y niñas entre los desplazados así como los ejecutados (dos de ellos) y los testigos presenciales de la masacre (párrs. 150-151 y 154); el "grave deterioro" de la vulnerabilidad de las condiciones de vida de los desplazados (párr. 181), quienes, en su mayoría, no han regresado a sus hogares (párr. 160); el encubrimiento de los hechos y la persistencia en parte de la impunidad de los responsables de las violaciones perpetradas (párr. 234).


Al respecto es importante recordar que el peritaje llevado a cabo por las peritos escogidas por la Corte, Ana Deustch, psicóloga, y Robin Kirk, especialista en Derechos Humanos, tuvieron por parte del Estado colombiano la presentación de la  objeción a la declaración jurada de la perito Robin Kirk, debido a que en su opinión los representantes presentaron extemporáneamente "la versión original y su traducción al español". A su vez, Colombia también objetó la declaración jurada de la perito Ana Deutsch, debido a que en su consideración los hechos en que basó su dictamen no fueron los insumos adecuados para la realización de un dictamen de naturaleza psiquiátrica, psicológica y psicosocial como el que se le encomendó (20) . Por otra parte, se argumentó que no se realizó en estricto cumplimiento de la objetividad e imparcialidad que su naturaleza requería; el nivel de profundidad de la evaluación personal y familiar no tocó la estructura psicológica misma de las personas, ni hizo un análisis exhaustivo de la historia de las dinámicas familiares de las personas evaluadas, y se apreciaron vacíos significativos a nivel de la técnica  y de los instrumentos utilizados para la evaluación.


Sin embargo,  la Corte admitió los peritajes, tal como ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público y cuando tal hecho no ha afectado la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes y en cuanto concuerden con el objeto que fue definido en la referida Resolución. La Corte las apreció dentro del conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en consideración las objeciones del Estado. El concepto de la perito Deustch señalaba (21) : "La perito declaró que los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e inmateriales como consecuencia directa de la desaparición y ejecución de las mismas, por la falta de apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda inmediata de los desaparecidos, por el miedo a iniciar o continuar con las búsquedas de sus familiares, por verse envueltos en amenazas o atentados, y por las amenazas y atentados que recibieron quienes continuaron buscando a las presuntas víctimas. Todo lo anterior ha afectado la salud física y psicológica de dichos familiares, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros".


El Protocolo de Estambul, en el apartado correspondiente a los componentes de la evaluación psicológica/psiquiátrica (22) , recomienda una serie de pasos que se deben considerar en el momento de llevar a cabo la evaluación. Sin embargo, recalca que las personas que han sido víctimas de tortura, y esto se puede extender a otras formas de violencia en delitos de lesa humanidad, pueden presentar dificultades para expresar en palabras sus experiencias y síntomas. Por lo tanto, el profesional de la salud que realice la evaluación deberá dar su opinión acerca de la concordancia que pueda existir entre los signos psicológicos y la medida en que esos signos guardan relación con los presuntos malos tratos. En el párrafo 284, el Protocolo establece que se debe valorar la capacidad del individuo para su autocuidado, de su nivel de funcionamiento social y de su propia percepción frente a su estado de salud en general. Todo esto obviamente tiene un enfoque eminentemente clínico y, si bien no es obligatorio el cumplimiento de una lista de comprobación, y/o la utilización de cuestionarios, la evaluación debe dirigirse a dimensionar el daño psicológico producido desde la perspectiva mental y psicosocial.


El interés, en definitiva, es ampliar la perspectiva de la evaluación psicológica forense para mostrar, desde una posición ética fundamentada en el significado y sentido del vivir, la dimensión del sufrimiento como el componente esencial en el cambio experimentado en la esfera de su existencia, y que luego del evento violento explica la no razón, el sin sentido y la carga que representa vivir, de acuerdo con ese nuevo sentido, muy diferente y lejano con aquel que él había elaborado, en la dinámica de interacción en su entorno sociocultural que le proporcionaba una sensación de apoyo y seguridad. Sin duda, el psicólogo que realice esta tarea ha de procurar recrear los contextos de significación en las que la acción violenta se llevó a cabo (23) . Por ello, uno de los componentes evaluativos debe estar dirigido a dimensionar el significado del dolor.


El dolor hade tratarse, no como una modalidad exclusivamente médica, sino que ha de llevarse a cabo la reflexión sobre el dolor como una modalidad particular de la experiencia corporal redefinida a partir del contexto relacional como un dolor infligido, es decir, aprehendido en términos de intencionalidades externas, donde es necesario mirar la externalidad del otro como causante del dolor padecido. La víctima es solamente el sitio donde es aplicado el dolor para que otros tomen conocimiento y se atemoricen (24) .


Wolfan Sofsky, y Housseman nos recuerdan que en ocasiones el sufrimiento no se deja comunicar ni representar. La queja, el lenguaje y las lamentaciones se levantan cuando el hombre ha sobrepasado el estado donde grita de dolor y reencuentra entonces la palabra. La queja es la sublimación del grito y no siempre hay palabras adecuadas para expresar el dolor (25) . Para Arendt (26) , el dolor es el único sentido interno encontrado por la introspección que puede rivalizar independientemente de los objetos experimentados, con la evidente certeza del procedimiento lógico y matemático. Por su parte, Bárcena (27)  señala que el dolor es un acontecimiento de la existencia que es difícil de expresar para el lenguaje humano.


Bajo el dominio del dolor el diálogo se torna imposible, sólo existe un monólogo interior de carácter autista. En su vertiente más extrema el sufrimiento transforma. El dolor es una interrupción del hábito y de las rutinas de la vida, una fractura del mundo y de la realidad del mundo de la vida, toda nuestra sensibilidad en vulnerabilidad. Por ello, la valoración debe contemplar la dimensión emocional expresada por la víctima en la sensación de vulnerabilidad, abandono, culpabilidad, impotencia, negación, miedo y falta de control de la situación (28) . En el caso concreto de Mapiripan la  sentencia consideraba que: "los sentimientos de desintegración familiar, inseguridad, frustración, angustia e impotencia de estas víctimas fueron generados por varias situaciones: (i) la pérdida de un ser querido; (ii) la brutalidad de los hechos; (iii) las amenazas, los hostigamientos y atentados contra sus vidas después de los cruentos hechos; (iv) el hecho de ser obligado a desplazarse forzadamente de su lugar de residencia; (v) las dificultades que vivieron a raíz del desplazamiento como la estigmatización, el desempleo, el hambre, la separación de la familia, la falta de acceso a servicios de salud y educación, la falta de un techo, entre otras situaciones; (vi) la denegación de justicia; (vii) la imposibilidad hasta la fecha de conocer el paradero de los desaparecidos. Las desapariciones causan graves perjuicios a todos y cada uno de sus familiares, quienes experimentan angustia y permanente zozobra al ignorar el paradero de seres queridos.  Asimismo, la situación de las víctimas cuyos parientes fueron desaparecidos durante los hechos de Mapiripán se caracteriza por una incertidumbre que "coloca a la familia en una posición imposible de duelo nunca acabado, agrava el sufrimiento y obstaculiza el proceso de duelo" (29) .


Las consecuencias para las víctimas de delitos de lesa humanidad implica que el ejercicio psicoforense en la valoración del daño producido va mucho más allá de los aspectos clínicos característicos; implica hacer notar a las Cortes, que las víctimas se han afectado de manera profunda en aspectos tan trascendentales como la imposibilidad de llevar a cabo el correspondiente duelo, el haber perdido la red de apoyo social, el no poder disfrutar de su tierra y de su entorno, el tener que construir un proyecto de vida desde unas condiciones de falencias y  desarraigos que no hacen posible la construcción de un futuro con sentido y con dignidad. El crimen de lesa humanidad atenta fundamentalmente contra el proyecto de vida, el sueño y la esperanza,  lo que conduce a tener una existencia de permanente dolor y sufrimiento. El daño trasciende lo individual, para expresarse por medio del dolor familiar y grupal. Es un sufrimiento que implica vivir con las heridas producidas al haber perdido la pertenencia social y la ruptura con su mundo cultural de significado y sentido. El daño implica el dramático cambio en la cosmovisión del mundo y de su existencia.

 

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 (18) Cancado T. A. Documento donde el juez Cancado, hace aclaraciones con respecto a la motivación de su voto en relación con la Sentencia sobre el caso de Mapiripán. "Los paramilitares permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 21 de julio de 1997, lapso durante el cual impidieron la libre circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron aproximadamente a 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare (...); además, una vez concluida la operación, las AUC destruyeron gran parte de la evidencia física con el fin de obstruir la recolección de la prueba" párrafo 96.


(19) Sentencia Mapiripán vs.Colombia, 15 de Septiembre de 2005 CIDH. Se han citado los párrafos correspondientes al texto de la sentencia.


(20) Al respecto es importante anotar que contacte por correo electrónico a la perito Ana  Deuscht, con el fin de conocer el peritaje llevado a cabo y de paso saber la razón de la objeción. La perito argumento que se acogió a lo señalado en el protocolo de Estambul.


(21) Op. Cit. Caso Mapiripán. p.26.


(22) Op. Cit. Protocolo párrafo 282, 285 y 287.


(23) En cuanto a la reparación la Corte Interamericana de DD.HH, señalo lo siguiente. a) la Corte debe ordenar el pago de una compensación por concepto de daños inmateriales, conforme a la equidad y en consideración de las características brutales del presente caso, la intensidad de los padecimientos que los hechos causaron a las víctimas y a sus familiares, las alteraciones de las condiciones de existencia de los familiares, y las demás consecuencias de orden inmaterial o que tienen carácter económico o patrimonial, que le acarrearon a los familiares.  Para ello, la Corte debe tomar en cuenta las perspectivas colectiva, no identificada e individualizada.  En situaciones como las vividas por los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el dolor y sus efectos trascienden la esfera del individuo, a la del tejido familiar y comunitario; b) son diversas las consecuencias del daño derivado de la masacre, y comprenden el daño físico y moral inflingido a las víctimas directas; el daño moral inflingido a los seres cercanos a éstas; el detrimento en las condiciones materiales de los familiares de las víctimas; y el temor de los habitantes del pueblo; y c) los familiares de las víctimas han padecido su pérdida en condiciones particularmente traumáticas, violentas y acompañadas de una situación de terror e incertidumbre que los condujo a su propio desplazamiento y, en muchos casos, a mantener el silencio para preservar su seguridad.  Aunado a lo anterior, la lentitud y las dificultades que se han verificado en el avance de las investigaciones y el hecho de que sólo un reducido número de los responsables hayan sido enjuiciados y menos aún se encuentren privados de libertad magnifica el sufrimiento de los familiares.


(24) Blair, E. T. El espectáculo del dolor, el sufrimiento y la crueldad. En: Controversia, mayo 2001, Nº 178. p. 83-99.


(25) Ibíd. p. 91.


(26) Arendt, H. La condición humana. Barcelona:  Seix Barral, p.404.


(27) Op. Cit.  Bárcena, p.76. Para este autor: "La percepción del dolor del otro nos abre a un pensar inédito. Es lo que da a pensar, y no aquello de lo cual pensamos para obtener un saber que nos proteja del  impacto que provoca el acogimiento en nosotros del sufrimiento del Otro. El dolor no nos hace tener más experiencia, sino que a partir de él hacemos experiencia en nosotros".


(28) Op. Cit. El párrafo 282, de la sentencia señala: "El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas.  No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras.  En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad.  Y, en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos".


El párrafo 283, plantea: "como lo ha señalado la Corte en otros casos, el daño inmaterial infligido a las víctimas resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a actos brutales en el contexto del presente caso, experimente un profundo sufrimiento, angustia moral, terror e inseguridad, por lo que este daño no requiere pruebas".


(29) Op. Cit. p.157.