Creación de la escala Factores de personalidad asociados a conductas delictivas - FPACD, para ser utilizada en la selección de candidatos a portar armas de fuego en República Dominicana

Luis Domínguez Ph.D
Investigador asociado
Docente en varias universidades dominicanas
Presidente - Fundador de Evaluaciones Psicológicas Sistémicas

 

 

 

 

 

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con el mayor nivel de violencia. Muchos de estos países, caracterizados por poseer los más altos índices de criminalidad, han llegado a la convicción de la necesidad de controlar más efectivamente la comercialización, adquisición y el porte de armas de fuego en su población civil, cuya tendencia en la actualidad va necesariamente encaminada a la restricción y al desarme general.

 

Es bien conocido, que el fenómeno de las armas de fuego, comúnmente llamado armamentismo, no constituye por sí solo la causa primordial de la creciente ola de violencia en Latinoamérica, no obstante es un factor que contribuye al aumento de su frecuencia. Se ha relacionado muy estrechamente la violencia de América Latina y el Caribe con las condiciones socioeconómicas de extrema pobreza y las grandes desigualdades sociales. En ese sentido, estudios comparativos sobre la tasa de homicidio en diversos países del entorno, realizados por el Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muestran que aquellos que tienen menor población viviendo en los umbrales de pobreza, mayores ingresos per cápita y mejor distribución de sus ingresos, se caracterizan por poseer las más bajas tasas de homicidios, tales como Uruguay, Costa Rica, Chile y Argentina, contrario a lo que ocurre en países como Colombia, México y Venezuela, donde las condiciones se dan a lo inverso, y que cuentan con niveles más elevados de criminalidad, poniendo de manifiesto la relación antes señalada entre la realidad socioeconómica y la violencia. (Cabral & Brea, 1999; Cabral & Brea, 2001, Cabral & Brea, 2003). Es precisamente en la región latinoamericana, donde crece extraordinariamente el número de portadores de armas de fuego, tanto legal como ilegalmente.

 

En una investigación realizada en El Salvador por la Universidad Centroamericana y el BID, y reportada por Cruz, Trigueros y González (2000) se muestra que el fácil acceso y la permisividad en el uso de armas de fuego, fueron los factores más determinantes de los altos niveles de violencia, observándose que más del 43 por ciento de las armas utilizadas por los convictos del sistema penitenciario salvadoreño, estaban registradas legalmente. En Guatemala, Rodríguez & De León (2001) se refieren también a la relación encontrada entre la violencia y la disponibilidad de armas, y consideran que constituye un factor de alto riesgo, que aunado a los altos índices de pobreza y exclusión social, más aún, la cultura de violencia predominante como producto de 36 años de guerra interna, generan la inseguridad e indefensión ciudadana, típico en ese país.

 

Otros estudios realizados en países como Estados Unidos y Nicaragua, relacionan la tenencia y control de armas de fuego con la frecuencia y peligrosidad de los delitos y hasta con una elevada tasa de suicidio (Brent, Perper et al, 1991; Kleck G, 1991; Cuadra E, 2000) y recomiendan mayores esfuerzos en el control de su circulación, que se oriente las políticas públicas para desincentivar su uso y proliferación en la población civil.

 

La República Dominicana no escapa a esta situación. Sin embargo, se viene procediendo de forma diferente a lo que en otros países se plantea como necesario para reducir los elevados índices de violencia y criminalidad. En los últimos años se ha experimentado un aumento excesivo de solicitudes y permisos (licencias) otorgado para porte de armas de fuego; otro aspecto notorio es el incremento de la venta y comercialización de instrumentos bélicos en beneficio de grupos definidos. Podemos considerar, sin lugar a dudas, que en cierto período gubernamental, nuestras autoridades han sido lo bastante permisivas para otorgar autorizaciones para porte de armas de fuego, actuando fundamentalmente con políticas inadecuadas y criterios erróneos, caracterizada por la búsqueda y obtención de cuantiosas sumas millonarias derivadas de los aspectos impositivos que implica el otorgamiento de permisos a portadores de armas de fuego, lo que de alguna manera se ha convertido en el boomerang de la seguridad ciudadana nacional. En múltiples ocasiones se ha dado la voz de alerta, sin que se preste la menor atención o la disposición de resolver dicha situación.

 

Es por ello que, hoy día, nos encontramos frecuentemente con episodios violentos efectuados con armas de fuego hasta por vanos motivos personales y pasionales y que han aumentado significativamente las víctimas por violencia intrafamiliar. Algunos estudios realizados en nuestro país muestran cómo ha ido creciendo la mortalidad por homicidio (segunda causa de muertes violentas) en los últimos 20 años, o sea, la tasa de homicidio (número de homicidios por cada 100 mil habitantes). El número de homicidios que para el año 1981 era de 490, se elevó en el 1999 a 1,212, lo que significa un incremento en el promedio anual de 5.2%, pasando la tasa de homicidio de 8.3 en 1981 a 12.4 en el 1991, y posteriormente a 14.3 en el 1999. Por otro lado, los homicidios con armas de fuego han ascendido de un 30 % a un 51 % en los años comprendidos del 1993 al 1999. (Ver Cabral & Brea, 1999; Brea & Cabral, 2000; Cabral & Brea, 2003). Hoy día se estima que nuestra tasa de homicidio debe estar alrededor de 19 o 20. 

 

Es indiscutible que la proliferación de las armas de fuego, junto a determinados factores socioeconómicos, la diversidad ideológica y cultural en una sociedad tan convulsionada como la nuestra, podría convertirse en catalizador primordial de la rápida expansión de la violencia delictiva en el país, fenómeno que comienza a despertar gran preocupación en la mayoría de los ciudadanos.

 

El crecimiento de la criminalidad, del narcotráfico, de la venta de armas de fuego, la corrupción e impunidad y la desconfianza en los organismos de protección público nacionales (policial y judicial), por consecuencia, la inseguridad ciudadana existente, estimula en gran medida la búsqueda de autoprotección y de protección privada, y la adquisición de un arma de fuego. A todo esto se le agrega, además, la percepción de poder que implica la posesión de un arma en una sociedad con trascendencia de un autoritarismo muy arraigado, y con valores basados en el temor, otros motivos que inducen a la población para armarse, haciéndolo por vía legal o de manera ilegal, llegándose incluso, en algunos casos, hasta la fabricación casera de armas, como son las llamadas "armas chilenas", incautadas frecuentemente en las redadas policiales.

 

 

La "comisión médica" y el control de porte y tenencia de armas de fuego 

 

A partir del 1965, en República Dominicana se promulga la Ley No. 36 que regula el comercio, porte y tenencia de armas de fuego, y que define como arma de fuego a todo tipo de artefacto (rifle, carabina, escopeta, revólver, pistola, etc.) con la que se puede disparar balas mortíferas o proyectiles. En la actualidad, dicha ley concede permiso legal o autorización para el uso de un arma de fuego a funcionarios o empleados públicos autorizados, y a toda aquella persona que justifique la necesidad de tenerla para su defensa personal, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales necesarios, entre los que se encuentran: el pago de impuestos correspondiente, el someterse a un examen médico (prueba antidoping) y a una evaluación de salud mental (psicológica y psiquiátrica) a ser efectuada por una instancia específica, lo que hasta el 2003 habría sido infructuoso.  

 

En enero del 2003, al crearse la Comisión Médica de la Secretaría de Estado de Interior y Policía bajo un acuerdo interinstitucional entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio Médico Dominicano y la Secretaría de Estado de Interior y Policía, se dio origen para establecerse criterios más científicos y objetivos para el cumplimiento de la ley, y a requerirse de un instrumento psicológico idóneo para la evaluación de los que solicitan autorización para portar armas de fuego en el país.

 

 

Planteamiento del problema y justificación  

 

Dada la creciente motivación para la adquisición de armas de fuego en la población civil dominicana, y las nuevas condiciones que fueron planteadas por la Comisión Médica de la Secretaría de Estado de Interior y Policía para regularizar esos menesteres, se creó el área de psicología dirigido por el Instituto de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que propone la realización de un estudio para la construcción de una prueba psicológica sencilla y pertinente, que permitiese pronosticar los rasgos delictivos de personalidad de los que optan por la licencia para portar y poseer armas de fuego, con el propósito de reducir de esa manera, el riesgo potencial que implica para la seguridad nacional otorgar a personas desaprensivas un artefacto tan letal.

 

Objetivos generales 

 

El estudio propuesto tiene por objetivo adaptar y normalizar un cuestionario de personalidad en tres sectores poblacionales diferentes, determinar los perfiles conductuales y los factores discriminantes entre sí, y posteriormente crear una escala más sencilla a ser utilizada para la selección de los que desean portar armas de fuego, pudiendo detectar en ellos sus posibles rasgos delictivos. 

Procedimiento 

 

Adaptación del instrumento

 

Se partió de un instrumento de probada eficacia y de arraigo tradicional en el quehacer psicométrico en República Dominicana, la prueba 16FP (Dieciséis Factores de Personalidad) de Cattell, en su versión "C", adaptada de la versión C del original por EPSI (1995), y con las variaciones introducidas por José Vicente Díaz a la escala A. La prueba adaptada consta de 97 preguntas que se contestan "Sí", "No" o "No Sé" mediante "caritas" (íconos gestuales), donde la respuesta SÍ corresponde a una cara sonriente, la respuesta NO a una cara enojada y la respuesta NO SE a una cara neutra. Al instrumento se le realizaron las siguientes modificaciones:

 

Se eliminó la escala "B" del cuestionario original (escala de Inteligencia)

 

Se cambió el esquema de respuestas para que pudiese ser contestado con una de tres opciones: "de acuerdo", "en desacuerdo" y "no sé"

 

Se modificó el lenguaje empleado por uno más sencillo y con giros de frases populares para sustituir aquellas palabras técnicas, haciéndolo más comprensible. 

 

 

 

Variables

 

Fueron consideradas las variables de género (masculino y femenino); la edad de la población encuestada; la característica de ser o no ser presidiario, y los 16 Factores de la Personalidad (rasgos típicos) que son expresados en las respuestas de los sujetos al responder las preguntas del cuestionario 16FP. Factores definidos como: DM (Distorsión motivacional), A (Expresividad afectiva), C (Fuerza del Yo), E (Poder), F (Postura frente a la vida), G (Lealtad grupal), H (Aptitud situacional), I (Emotividad), L (Credibilidad), M (Actitud cognitiva), N (Sutileza), O (Conciencia), Q1 (Posición social), Q2 (Certeza individual), Q3 (Autoestima) y Q4 (Nivel de tensión enérgica). 

 

 

 

Selección y tamaño muestral

 

El diseño muestral se basó en la selección estratificada, con afijación simple. Los tamaños poblacionales parciales fueron estimados como:

 

 

- Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Agronomía 2,726

- Reclusos del Penitenciario Modelo de Najayo 2,150

- Solicitantes de permiso para porte de armas 1,584

- TOTAL 6,460

 

 

El tamaño muestral fue establecido mediante el uso de la fórmula 

 

 

 

 

 

 

Para una z = 1.72 (92%), p = q = 0.50, y d = 5%

 

 

La solución de la fórmula (Fisher, 1985) arroja un total de 286 personas como tamaño muestral. Al estratificar por afijación proporcional la muestra, se obtuvo la siguiente composición:

 

 

 

 

 

Tabla 1 - Muestra prevista.

 

 

 

 

Tipo de población	Número de personas	Proporción	Muestra (nh)
Presidiario	2,150	0.33	95
Solicitante Armas de Fuego	1,584	0.25	70
Estudiante universitario	2,726	0.42	121
Total	6,460	1	286

 

 

 

 

Tabla 2 - Cantidad total de cuestionarios aplicados

 

 

 

 

 

Población	Género				Total
	Femenino		Masculino		Casos	%
	Casos	%	Casos	%
Presidiarios	0	0	94	12.2%	94	10.7%
Solicitantes Armas de Fuego	28	25.7%	637	82.6%	665	75.6%
Estudiantes universitarios	81	74.3%	40	5.2%	121	13.8%
Total	109	100.0%	771	100.0%	880	100.0%

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 - Muestra retenida.

Población	Género				Total
	Femenino		Masculino		Casos	%
	Casos	%	Casos	%
Presidiarios	0	0	95	47.50	95	33.22
Solicitantes Armas de Fuego	5	5.81	65	32.50	70	24.48
Estudiantes universitarios	81	94.19	40	20.00	121	42.31
Total	86	30.1	200	69.9	286	100.00